Mediante un proyecto de ley que presentó al Congreso, el Gobierno propuso que el actual plazo que tienen las concesiones de infraestructura portuaria -que es como máximo de 30 años- se pueda extender hasta un total de 60 años, con el fin de incentivar mayores inversiones en los puertos de uso público que se han dado o darán en operación a los privados.
La iniciativa explica que un mayor plazo de la concesión permite al Estado comprometer a la empresa concesionaria en la implementación de mayores inversiones, lo que contribuye a la modernización y ampliación de la capacidad del proyecto, considerando las necesidades del mercado.
“Contar con mayores plazos de la concesión permite a la empresa concesionaria generar mayores eficiencias por economías de escala, y la introducción de mayores innovaciones al proyecto”, añade.
Podría bajar tarifas
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Además, al haber más plazos, añade, hay un horizonte mayor para la amortización de las inversiones realizadas, lo que permite estructurar el proyecto con tarifas más competitivas, y redunda en menores costos para el comercio internacional.
Reconoce que la normativa actual que regula las concesiones establece diferentes plazos máximos para otorgar la administración bajo la modalidad de asociación público-privada (APP), lo que resulta contradictorio con la promoción de la inversión privada, pues no genera incentivos adecuados para el desarrollo de proyectos portuarios.
Para eficientes
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Además, el proyecto dispone que este plazo máximo de 60 años sea aplicable no solo a las concesiones portuarias a adjudicar en el futuro, sino también a las que están hoy en trámite, como a las concesiones de puertos ya otorgadas y que están vigentes.
En este último caso, precisa que los contratos actuales se podrán adaptar a esta nueva ley (de ser aprobada), cuando lo solicite alguna de las partes, y siempre que el operador haya demostrado resultados, a fin de generar mayores eficiencias a través de nuevas inversiones y equipos.
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