El consorcio de empresas europeas a cargo de la construcción de las nuevas esclusas del Canal de Panamá se comprometió a reanudar las paralizadas obras a partir del jueves, informó la entidad panameña que opera la vía interoceánica.
La Autoridad del Canal de Panamá informó en un comunicado que el compromiso se logró la noche del miércoles en conversaciones telefónicas con los directivos del consorcio, aunque aclaró que aún quedaban pendientes por resolver algunos temas en un conflicto que afloró a inicios de año tras los reclamos del contratista por sobrecostos de 1.600 millones de dólares.
Los trabajos en el principal componente de la ampliación cumplieron el miércoles 15 días de suspensión total debido al litigio. La Autoridad del Canal había advertido que esta semana se tenía que encontrar una salida.
La entidad panameña no señaló a qué compromisos se han llegado en cuanto al monto financiero para reactivar los trabajos. La semana pasada, el administrador de la vía, Jorge Luis Quijano, dijo que se había alcanzado un acuerdo tentativo que suponía una inyección conjunta en que cada parte invirtiera 100 millones de dólares. Además, Zurich American, aseguradora del proyecto y depositaria de un bono de garantía por 450 millones de dólares, tendría también que participar en el paquete para sumarle liquidez a la obra.
La Autoridad indicó que tan pronto sean reiniciados los trabajos se pagará 36,8 millones de dólares al consorcio Grupo Unidos por el Canal correspondientes a trabajos facturados en diciembre y que tienen que ver con pago de planilla de los trabajadores y a proveedores.
"Adicionalmente, las partes se dieron al menos 72 horas para acordar puntos sobre fechas de entrega de compuertas, cronograma de ejecución, calendario de repago de moratoria y otros aspectos claves en el desarrollo del proyecto", señaló.
Hasta el momento, el consorcio ha entregado cuatro de las 16 compuertas de acero de las nuevas esclusas y que se construyen en Italia.
Como parte del acuerdo en principio del que se informó la semana pasada, la Autoridad del Canal daría una moratoria al consorcio respecto a pagos que debe hacer por adelantos que recibió para que arranquen los trabajos después de su adjudicación y que superan los 700 millones de dólares.
En tanto, los reclamos por sobrecostos se ventilarían en las instancias que establece el contrato y que tiene como último eslabón un arbitraje internacional, según Quijano.
La Autoridad señaló que las decisiones de las partes se tomaron el miércoles durante conversaciones telefónicas entre la Autoridad y los directivos del consorcio, liderado por la empresa española Sacyr y la italiana Impregilo, con la mayoría de las acciones.
"Todavía persisten algunos temas en los que no se ha logrado concordancia", subrayó.
El grupo de empresas que tiene como socios minoritarios a la belga Jan De Nul y a la panameña Cusa se adjudicó la construcción de las nuevas esclusas al proponer el precio más bajo por el proyecto —3.118 millones de dólares, a mediados de 2009.
La construcción de las nuevas esclusas tiene un adelanto del 65%, según la Autoridad del Canal. Quijano había dicho que retomarían el resto de los trabajos si no se alcanzaba un acuerdo, aunque reiteró que lo más conveniente para todos era que el contratista los termine.
La ampliación tiene por fin duplicar la capacidad operativa de la vía, creada hace 99 años, y por donde se calcula que cruza 6% del comercio marítimo mundial.
Los trabajos en el principal componente de la ampliación cumplieron el miércoles 15 días de suspensión total debido al litigio. La Autoridad del Canal había advertido que esta semana se tenía que encontrar una salida.
La entidad panameña no señaló a qué compromisos se han llegado en cuanto al monto financiero para reactivar los trabajos. La semana pasada, el administrador de la vía, Jorge Luis Quijano, dijo que se había alcanzado un acuerdo tentativo que suponía una inyección conjunta en que cada parte invirtiera 100 millones de dólares. Además, Zurich American, aseguradora del proyecto y depositaria de un bono de garantía por 450 millones de dólares, tendría también que participar en el paquete para sumarle liquidez a la obra.
Jorge Luis Quijano, Administrador de la Vía del Canal.
La Autoridad indicó que tan pronto sean reiniciados los trabajos se pagará 36,8 millones de dólares al consorcio Grupo Unidos por el Canal correspondientes a trabajos facturados en diciembre y que tienen que ver con pago de planilla de los trabajadores y a proveedores.
"Adicionalmente, las partes se dieron al menos 72 horas para acordar puntos sobre fechas de entrega de compuertas, cronograma de ejecución, calendario de repago de moratoria y otros aspectos claves en el desarrollo del proyecto", señaló.
Hasta el momento, el consorcio ha entregado cuatro de las 16 compuertas de acero de las nuevas esclusas y que se construyen en Italia.
Como parte del acuerdo en principio del que se informó la semana pasada, la Autoridad del Canal daría una moratoria al consorcio respecto a pagos que debe hacer por adelantos que recibió para que arranquen los trabajos después de su adjudicación y que superan los 700 millones de dólares.
En tanto, los reclamos por sobrecostos se ventilarían en las instancias que establece el contrato y que tiene como último eslabón un arbitraje internacional, según Quijano.
La Autoridad señaló que las decisiones de las partes se tomaron el miércoles durante conversaciones telefónicas entre la Autoridad y los directivos del consorcio, liderado por la empresa española Sacyr y la italiana Impregilo, con la mayoría de las acciones.
"Todavía persisten algunos temas en los que no se ha logrado concordancia", subrayó.
El grupo de empresas que tiene como socios minoritarios a la belga Jan De Nul y a la panameña Cusa se adjudicó la construcción de las nuevas esclusas al proponer el precio más bajo por el proyecto —3.118 millones de dólares, a mediados de 2009.
La construcción de las nuevas esclusas tiene un adelanto del 65%, según la Autoridad del Canal. Quijano había dicho que retomarían el resto de los trabajos si no se alcanzaba un acuerdo, aunque reiteró que lo más conveniente para todos era que el contratista los termine.
La ampliación tiene por fin duplicar la capacidad operativa de la vía, creada hace 99 años, y por donde se calcula que cruza 6% del comercio marítimo mundial.
La disputa ha creado temores de que la mega obra sufra mayores retrasos, lo que repercutiría en las navieras y puertos del mundo que han realizado costosas inversiones en preparación para el paso de buques de mayor tamaño por el canal ampliado.
De hecho, Quijano estimó que la ampliación se terminaría durante el cuarto trimestre del 2015, en vez de junio del mismo año, a consecuencia de los retrasos por el conflicto.
El Consorcio del Canal de Panamá le Hecha la Culpa de los Sobrecostes a Problemas Geológicos Imprevistos.
De hecho, Quijano estimó que la ampliación se terminaría durante el cuarto trimestre del 2015, en vez de junio del mismo año, a consecuencia de los retrasos por el conflicto.
El Consorcio del Canal de Panamá le Hecha la Culpa de los Sobrecostes a Problemas Geológicos Imprevistos.
En enero de éste año, el consorcio mencionaba estos inconvenientes como los motivos para no proseguir con la obra.
El consorcio encargado la construcción de las nuevas esclusas en la ampliación del Canal de Panamá, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), en el que participa la empresa española Sacyr, atribuye los sobrecostes de 1.600 millones de dólares (1.177 millones de euros) a problemas geológicos no detectados, según ha manifestado este sábado el gerente del GUPC José Peláez.
En declaraciones a la prensa, Peláez ha precisado que los problemas geológicos fueron detectados a lo largo de al menos 2,5 kilómetros de extensión en la zona del océano Pacífico y ha asegurado que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no las localizó antes de convocar la licitación para la ampliación del enclave.
El consorcio encargado la construcción de las nuevas esclusas en la ampliación del Canal de Panamá, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), en el que participa la empresa española Sacyr, atribuye los sobrecostes de 1.600 millones de dólares (1.177 millones de euros) a problemas geológicos no detectados, según ha manifestado este sábado el gerente del GUPC José Peláez.
En declaraciones a la prensa, Peláez ha precisado que los problemas geológicos fueron detectados a lo largo de al menos 2,5 kilómetros de extensión en la zona del océano Pacífico y ha asegurado que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no las localizó antes de convocar la licitación para la ampliación del enclave.
"Esta condición geológica, no previstas por el GUPC y la ACP, ha alterado las condiciones técnicas originales bajo las cuales el GUPC licitó y es por ello que el sobrecosto debe ser asumido por la entidad licitante", ha declarado Peláez, gerente del proyecto de construcción de las esclusas en el Atlántico.
El representante del GUPC --también integrado por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa-- ha adelantado que el cumplimiento del contrato no solo implica el coste de la ejecución de las obras pueda duplicarse o triplicarse, sino que no hay garantías técnicas sobre el diseño de cara al futuro.
NEGATIVA A NEGOCIAR.
El coordinador de la Junta Directiva del GUPC, Paolo Möder, ha señalado este sábado que la ACP se ha negado a sentarse en la mesa de negociaciones a fin de evitar la suspensión de las obras del proyecto de ampliación en el estrecho panameño.
En una rueda de prensa, Möder ha enfatizado que ha sido la ACP la que se ha negado a buscar una solución y ha puntualizado que el consorcio está capacitado en este momento para finalizar la ampliación del Canal de Panamá debido a que cuenta con el personal requerido para ello, según ha informado el diario panameño 'La Prensa'.
Ante la expiración del plazo dado por el GUPC de 21 días el pasado 1 de enero, el coordinador de su Junta Directiva ha aseverado que el consorcio va a luchar por sus derechos en los países que sea necesarios y hasta las últimas instancias, tribunales internacionales inclusive, de acuerdo con el periódico panameño 'Panamá América'.
Las autoridades panameñas y el GUPC iniciaron unas negociaciones el pasado viernes para tratar de desencallar la puesta en marcha de la ampliación de una de las principales vías marítimas del mundo, por donde circula el cinco por ciento del comercio mundial.
OTROS COSTES ADICIONALES.
El GUPC ha amenazado con suspender las obras debido a los costes adicionales que implica el proyecto y lanzó un ultimátum a la ACP el 1 de enero para que, en un plazo de 21 días, cumpla con los requisitos establecidos por el consorcio. Por su parte, la ACP ha sostenido en un comunicado emitido este sábado que el GUPC tuvo 14 meses para estudiar con detenimiento todas las aristas de la obra antes de presentar su propuesta.
En este punto, Möder ha precisado que el sobrecoste de la obra se debe, además de a los problemas geológicos, al basalto, al concreto y a que la calidad de las piedras que se están extrayendo no es la mejor para las operaciones de relleno de la obra.
El consorcio obtuvo la adjudicación del proyecto en julio de 2009 con un coste de 3.120 millones de dólares (casi 2.296 millones de euros), una cifra que era considerablemente inferior al coste estipulado por los otros dos competidores en la puja.
La ampliación de Canal de Panamá se ha completado al 72% y el avance de la construcción de las nuevas esclusas, de la que se encarga el GUPC, se sitúa en torno al 65%, según las estimaciones de la ACP.
El representante del GUPC --también integrado por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa-- ha adelantado que el cumplimiento del contrato no solo implica el coste de la ejecución de las obras pueda duplicarse o triplicarse, sino que no hay garantías técnicas sobre el diseño de cara al futuro.
NEGATIVA A NEGOCIAR.
El coordinador de la Junta Directiva del GUPC, Paolo Möder, ha señalado este sábado que la ACP se ha negado a sentarse en la mesa de negociaciones a fin de evitar la suspensión de las obras del proyecto de ampliación en el estrecho panameño.
En una rueda de prensa, Möder ha enfatizado que ha sido la ACP la que se ha negado a buscar una solución y ha puntualizado que el consorcio está capacitado en este momento para finalizar la ampliación del Canal de Panamá debido a que cuenta con el personal requerido para ello, según ha informado el diario panameño 'La Prensa'.
Ante la expiración del plazo dado por el GUPC de 21 días el pasado 1 de enero, el coordinador de su Junta Directiva ha aseverado que el consorcio va a luchar por sus derechos en los países que sea necesarios y hasta las últimas instancias, tribunales internacionales inclusive, de acuerdo con el periódico panameño 'Panamá América'.
Las autoridades panameñas y el GUPC iniciaron unas negociaciones el pasado viernes para tratar de desencallar la puesta en marcha de la ampliación de una de las principales vías marítimas del mundo, por donde circula el cinco por ciento del comercio mundial.
OTROS COSTES ADICIONALES.
El GUPC ha amenazado con suspender las obras debido a los costes adicionales que implica el proyecto y lanzó un ultimátum a la ACP el 1 de enero para que, en un plazo de 21 días, cumpla con los requisitos establecidos por el consorcio. Por su parte, la ACP ha sostenido en un comunicado emitido este sábado que el GUPC tuvo 14 meses para estudiar con detenimiento todas las aristas de la obra antes de presentar su propuesta.
En este punto, Möder ha precisado que el sobrecoste de la obra se debe, además de a los problemas geológicos, al basalto, al concreto y a que la calidad de las piedras que se están extrayendo no es la mejor para las operaciones de relleno de la obra.
El consorcio obtuvo la adjudicación del proyecto en julio de 2009 con un coste de 3.120 millones de dólares (casi 2.296 millones de euros), una cifra que era considerablemente inferior al coste estipulado por los otros dos competidores en la puja.
La ampliación de Canal de Panamá se ha completado al 72% y el avance de la construcción de las nuevas esclusas, de la que se encarga el GUPC, se sitúa en torno al 65%, según las estimaciones de la ACP.
0 comentarios:
Publicar un comentario