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Revista Logística y Transporte No. 109 MAR 2020

28 feb. 2013

Diversos analistas internacionales han señalado que la economía peruana viene siendo la más dinámica de Sudamérica pues su crecimiento económico se situará en un promedio anual del 6,4% entre el 2011 y el 2013. 

A pesar de haber caído de un 6,9% en el 2011 a un 6,3% durante el 2012 –según cifras del Banco Central de Reserva del Perú-, sigue siendo una de las economías con mejores indicadores de Latinoamérica, habiendo acumulado 40 meses de crecimiento consecutivo de su Producto Bruto Interno (PBI).


Esta situación es producto de una política económica que se ha mantenido desde los años noventa por cinco gobiernos de diversas banderas ideológicas, lo que demuestra que las políticas a largo plazo y con visión de futuro brindan grandes resultados. En el aspecto social también hay noticias alentadoras. La pobreza se ha reducido casi 30% en los últimos 7 años. Es decir, casi 6 millones de peruanos han pasado a formar una clase emergente, lo que significa que además de mejorar su calidad de vida, elevan los índices de consumo y permiten que se incremente la producción de bienes y servicios, lo que incide en el trabajo formándose un círculo virtuoso.

Debemos Resolver Aspectos Pendientes.
Ante esta coyuntura, más que regocijarnos y dormirnos en nuestros laureles, debemos resolver diversos aspectos que no están avanzando al mismo ritmo que la economía. El informe “Perú: Perspectivas Empresariales 2013” busca sistematizar los asuntos o tópicos más urgentes de resolver en el país, desde el punto de vista de los empresarios, para no entorpecer y más bien aprovechar y potenciar esta coyuntura.

En primer lugar, los empresarios tienen una opinión favorable frente al relato del actual gobierno: Crecimiento económico con Inclusión Social. 
Varios de ellos reconocen que en el aspecto social el gobierno ha marcado la agenda con una política de Estado importante. En ese sentido, es el momento propicio para que alineen sus políticas corporativas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con la agenda social del Estado, vinculándolas a los programas sociales que viene promoviendo. Es cierto que hemos crecido, pero la brecha social aún es considerable. El crecimiento aún se debe distribuir mejor y hacerlo inclusivo.

Existe una enorme brecha de infraestructura, sobretodo en energía, transportes, comunicaciones y saneamiento básico.

Luego del aspecto social, existen aspectos sistémicos que hay de resolver. El crecimiento implica ofrecer adecuados procesos de gestión pública que faciliten los trámites y la puesta en marcha de los cada vez más numerosos proyectos de inversión que van surgiendo, además de una infraestructura proporcionalmente adecuada a la mayor demanda de productos y servicios por la que viene atravesando el país. Existe una enorme brecha de infraestructura, sobretodo en energía, transportes, comunicaciones y saneamiento básico. Pues en esa tarea aún estamos a la cola de la región y son los empresarios e inversionistas los que sufren las consecuencias, elevando sus costos de inversión y restándole atractivo al país.

El actual Gobierno ya está desarrollando acciones que reviertan la excesiva demora en trámites y licencias que implica desarrollar un proyecto de inversión en el país, lo que facilitará la construcción de esas urgentes obras de infraestructura que soporten y potencien el crecimiento económico que estamos viviendo. Entre ellas están la Reforma del Servicio Civil a través de un “shock” de gerencia pública que mejore y organice con más eficiencia el talento humano en el sector público.

Asimismo, se vienen desarrollando Asociaciones Público Privadas (APP) que permiten sinergias importantes con el sector privado o las llamadas Obras por Impuestos (OPI) que le permiten al Estado ahorrar la gestión en obras públicas trasladándoselas a las empresas a cambio de utilizar eficazmente los recursos impositivos para que estos no pasen por el largo proceso que implica la administración estatal y puedan desperdiciarse en el camino.

A esto se le suma el riesgo que existe al depender casi completamente de una actividad económica extractiva como la minería. Los riesgos de cambio en los escenarios económicos globales, en los precios de los metales o algún tropiezo de la economía china –nuestro principal comprador-, podría tener un impacto considerable en el actual escenario económico del Perú. Todos los empresarios están de acuerdo en que es el momento propicio de diversificar la economía, desarrollando una industria interna alternativa que nos permita sostenernos ante cualquier vendaval externo. Hay algunos empresarios que tienen esperanza en el crecimiento del consumo interno, aunque los más exhaustivos señalan que ese crecimiento es producto del incremento del PBI de servicios originados por la minería.

Ahora bien, al interior del país las brechas que señalamos líneas atrás se agudizan mucho más. Esto debido a las graves consecuencias de una regionalización mal enfocada, que determinó circunscripciones superpuestas y autoridades a las que se les brindó cuantiosos recursos que finalmente no han podido administrar adecuadamente. En ese sentido, no se trata de que haya ausencia de Estado al interior del país, como comúnmente se afirma, sino que existen carencias en la gestión. Es decir, tienen el recurso pero carecen de las capacidades. Es allí dónde los empresarios deben actuar, a través de los mecanismos antes mencionados (APP, OPI, etc.) que permitan una transferencia de competencias.

En cuanto a los procesos legislativos, la generalidad de empresarios es muy crítica con el Congreso de la República.

En cuanto a los procesos legislativos, la generalidad de empresarios es muy crítica con el Congreso de la República. En líneas generales, porque sienten que los parlamentarios establecen normas con un bajo carácter técnico y sin tomar en cuenta a todos los actores involucrados en las iniciativas legislativas que promueven. Es común que los empresarios se enteren de iniciativas legislativas a muy poco tiempo de su promulgación, lo que limita los espacios para brindar la posición del gremio o sector afectado y con pocas alternativas de aporte en las mencionadas iniciativas. Eso alimenta la baja popularidad que tiene este Poder del Estado. Y sin contar los múltiples escándalos de sus representantes.

Por ello lo que plantea el Informe es la autoregulación del parlamento, mejorando sus procesos de elaboración de una Ley, ampliando el nivel de debate y participación ciudadana al respecto e institucionalizando su relación con los diversos actores sociales, incluidos los empresarios. Para ello existen iniciativas de carácter funcional para volver al modelo bicameral, por ejemplo; o de carácter sistémico, que inciden en las modalidades del voto (preferencial, obligatorio, etc.)

En línea de lo anterior, los gremios tienen un papel fundamental del lado de los empresarios. En primer lugar, dado su rol como representantes de sus respectivos sectores, los gremios deben ser los interlocutores naturales de los intereses sectoriales frente al Gobierno, institucionalizando los canales adecuados para ello y buscando el bien general antes que el beneficio para algunas empresas. Asimismo, los gremios deben mirar hacia dentro de sus sectores, promoviendo la mejora de los indicadores y certificaciones de gestión y buenas prácticas para de esa manera poder obtener mayores beneficios, tales como la entrada a mercados que exigen determinados estándares en servicios o productos, por ejemplo.

En cuanto al mercado laboral y ante el crecimiento del empleo en el Perú –aunque con mayores índices de subempleo-, los empresarios no tuvieron mayores comentarios que el de la falta de talento humano local, sea para mandos altos como para mandos medios. En ese sentido, señalan que es necesario que los profesionales técnicos complementen sus actividades de desarrollo con herramientas informáticas que brinden mayor valor agregado. Más bien, el informe plantea que se tomen en cuenta los conflictos laborales que se vienen incrementando y que deberían de tratar de resolverse antes de llegar a instancias mayores que implican muchos mayores costos para la compañía.

En cuanto a los conflictos sociales, pues el papel que le toca asumir a los empresarios debe ser más proactivo dada la poca capacidad del Estado y la gran demanda de su rol conciliador en una larga lista de conflictos sociales a nivel nacional. Los proyectos y operaciones no pueden esperar hasta que llegue el Estado a resolver las diferencias, por lo que las compañías deben tener mucha más capacidad de resolución. Para ello deben considerar las redes de trabajo verticales y horizontales, tanto frente a las autoridades locales y regionales dentro de las áreas de influencia de las operaciones en cuestión, además de otras compañías de la zona, sean o no del sector en el que se desarrollan, además de otros actores sociales.

Finalmente, y en línea con el ítem anterior, los empresarios están asumiendo de manera legítima ciertas responsabilidades de pasivos que arrastran de antiguas malas prácticas que explican sus bajos niveles de popularidad frente a la opinión pública en general y sus diversos interlocutores, sea en el Gobierno como en otras organizaciones sociales. Ese es el primer paso para poder resolver esa mala percepción que los demás actores sociales tienen sobre ellos. Luego, los empresarios deben entender que como parte de la sostenibilidad de sus negocios, es necesario un mayor involucramiento en todos los niveles de la vida en sociedad.

Ya no basta con la RSE, ahora es necesaria una mayor participación en política y aspectos de carácter público. Si el Estado carece de capacidades de gestión y eso obstaculiza el continuo devenir de los proyectos de infraestructura tan urgentes, es hora de que los empresarios aporten con capacidades de gestión a través de mecanismos que le permitan trabajar más de la mano en objetivos comunes. Los empresarios deben participar en políticas públicas, no es una opción, es una necesidad.

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